¿Cuál es la visión del MEF sobre la promoción de inversiones en el sector minero?

La inversión minera en el Perú es clave, con más de US$60,000 millones en proyectos a la espera de ejecución. Nuestro enfoque es acelerar estos proyectos de la mano del MINEM para garantizar su avance y ejecución en el corto plazo. Sin embargo, todavía hay grandes brechas en infraestructura a nivel multisectorial que deben cerrarse, por eso estamos colaborando con el sector privado para enfrentar este desafío.

El Estado desempeña un papel fundamental al complementar estos proyectos con inversión en infraestructura, asegurando de que las comunidades también se beneficien. Mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (con más de 600 proyectos ejecutados en 16 años) han demostrado ser efectivos y han permitido que las empresas privadas financien iniciativas que luego son reconocidas por el gobierno. Las compañías mineras han participado activamente en este esquema y ahora se les ha instado a redoblar sus esfuerzos para seguir contribuyendo al cierre de brechas.

¿Cree que Perú debería ajustar su marco regulatorio para atraer más inversiones y competir con otras regiones mineras a nivel global?

Contamos con una amplia experiencia en el sector minero, pero siempre hay espacio para mejorar. Por eso, colaboramos con el sector privado y, a nivel multisectorial, con la SNMPE para identificar oportunidades que optimicen la regulación e impulsen el desarrollo de la industria. El objetivo es lograr un marco normativo más eficiente y dinámico, eliminando trabas y destrabando cuellos de botella que frenan la inversión. Existen procesos que pueden simplificarse sin comprometer los estándares, lo que requiere un replanteamiento serio. Como gobierno, impulsaremos un “shock de regulación”. No se trata de regular por regular, sino de escuchar al sector privado y entender qué procedimientos son innecesarios o generan demoras que afectan la inversión.

¿Qué impacto podrían tener proyectos como Tía María si lograran avanzar y se resolvieran los conflictos con las comunidades?

Tía María finalmente avanza y, tras tantos años, parece haber encontrado el camino. Además, hay proyectos cercanos que podrían reactivarse si se genera el interés adecuado. Ahora el desafío es impulsar otros grandes desarrollos como Michiquillay y La Granja, abordando cada caso de manera específica. Para lograrlo es fundamental que el sector privado y el Estado trabajen juntos, asegurando la participación de todos los actores involucrados. 

Los beneficios de estos proyectos son evidentes, pero es clave comunicarlos de manera efectiva para que las comunidades comprendan su impacto positivo tanto en el país como en sus propias regiones. De activarse estos proyectos podríamos acercarnos a la meta de US$100,000 millones anuales en exportación minera, una cifra esencial para el desarrollo económico del Perú.

¿Qué mensaje le daría a la comunidad inversionista global sobre el atractivo del Perú como destino de inversión minera?

Los inversionistas pueden confiar en que este gobierno está comprometido a facilitar el desarrollo de proyectos. Aún hay desafíos en materia de gestión, pero estamos haciendo el máximo esfuerzo para generar las condiciones necesarias y que el sector privado vea al Estado como un aliado. Queremos construir un entorno estable y predecible que permita concretar inversiones. Para lograrlo, hemos adoptado una política de puertas abiertas basada en la transparencia y el diálogo. Una inversión bien gestionada no solo garantiza rentabilidad para quienes apuestan por el país, sino también desarrollo, empleo y crecimiento para las comunidades.